El Ministerio de Cultura viene desarrollando una política de criminalización de los usuarios al dictado de las entidades de gestión de derechos de autores y editores y las multinacionales que dominan la industria cultural.
Con la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, el Ministerio pretende lograr lo que las entidades de gestión no han conseguido hasta la fecha en los tribunales, ni por la vía penal ni por la civil: el cierre de páginas web que incluyan enlaces para descargar obras a través de las redes de intercambio de archivos P2P.
Una sentencia dictada por el titular del Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona reconoce la legalidad de las webs que no ofrecen contenidos sujetos a propiedad intelectual, sino meros enlaces para descargar obras a través de las redes.
Los enlaces constituyen “la base misma de Internet”, señala la sentencia. Y añade que las redes P2P, “como meras redes de transmisión de datos entre particulares usuarios de Internet”, tampoco vulneran derecho alguno protegido por la Ley de Propiedad Intelectual.
El intercambio no lucrativo de obras culturales ha sido siempre una práctica social y moralmente aceptada. Y también ha generado negocio para multitud de sectores que forman parte de la industria cultural: autores, editores, fabricantes de equipos de reproducción, grabación y soportes de almacenamiento, medios de comunicación, empresas de telecomunicaciones…
Los consumidores son los únicos que no obtienen lucro económico del acceso gratuito a las obras culturales. Pero también son el único sector criminalizado por la industria cultural y los gobiernos que se pliegan a sus intereses.
La industria se resiste a actualizar su modelo de negocio y adaptarlo a la nueva realidad de Internet, como ya hizo en momentos históricos anteriores con el nacimiento de la radio, la televisión o el vídeo doméstico.
Porque los usuarios siempre han compartido la cultura. Lo hacían décadas atrás mediante el préstamo o intercambio de obras grabadas en discos de vinilo y después en cintas de cassette, para más tarde hacerlo con los CDs y los DVDs. Hoy lo hacen fundamentalmente a través de Internet.
Apelamos a nuestros gobernantes y al conjunto de los partidos políticos a que reflexionen sobre las decisiones que vienen adoptándose o proponiéndose a nivel nacional, europeo y mundial en contra de los ciudadanos para favorecer a un poderoso lobby con un modelo de negocio caduco que no quiere reconvertirse.
La campaña Si eres legal, eres legal, desarrollada durante el último año por el Ministerio de Cultura, ha sido considerada por los consumidores como el peor anuncio del año (FACUA.org/lapeorempresa). En ella se equipara el acceso gratuito a obras culturales a través de vías como las redes P2P con estar a punto de atropellar a un recién nacido por ser un temerario, rayar un coche o patear contenedores de basura. Y en la web de la campaña, el Ministerio demuestra su falta de respeto a las opiniones que discrepan con la suya llamando “ilegales” que “intentan engañarte” y “manipular” a los que defienden las descargas no lucrativas.
Ya está bien de insultar a millones de ciudadanos calificándolos de piratas, llamándolos criminales, por el mero hecho de compartir cultura.
Es necesario un cambio en las formas de gobernar, comenzando a escuchar a los ciudadanos y no sólo a la industria.
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